INSEGURIDAD CIUDADANA

Hoy miércoles 20 de noviembre se va a debatir en la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios el borrador de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que, entre otras cosas, estipula castigos de tipo administrativo para quienes paricipen en un escrache, se manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores, insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Podríamos indicar los puntos que llaman la atención de esta nueva ley, el problema es que no hay por donde cogerla.

El primer punto a tener en cuenta, y que ha sido ya criticado, es la desmesura en las sanciones económicas. Concentrase o reunirse sin permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con una sanción de entre 30.001€ y 600.000€, entrando dentro de la calificación de infracciones muy graves. Así, protestas como la de "Rodea el Congreso" entrarían dentro de esta categoría, aún sin estar sus señorías presentes en la cámara.

No hay duda de que los reveses judiciales ante sus pretensiones, las de criminalizar la protesta social, les han llevado a este punto. Los intentos de asociar la protesta social de colectivos como el 15-M, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o de cualquier ciudadano anónimo de a pie, con el terrorismo o, en el colmo de la podredumbre moral, con el nazismo, no han calado ni en la opinión pública ni en la judicatura, únicamente surtiendo efecto en algunas mentes débiles de los sectores más ciegos de seguidores del PP. Visto esto, ya se encargan de criminalizarla ellos, con esta batería de reformas legales, que nos retrotraen a los tiempos más oscuros y represivos de la dictadura franquista, esas que critican con la boca muy pequeña (y no todos), pero que añoran de todo corazón.

Otro punto polémico es la prohibición de difundir imágenes de la policía que supongan "mofa para ellos o algún riesgo para la seguridad. Quedará también prohibido proferir amenazas, insultos, coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o la Guardia Civil. La idea que subyace, sin embargo, detrás de esta normativa, es que no se puedan difundir imágenes como las que se han visto una y mil veces en los dos últimos años, las de los antidisturbios haciendo uso y abuso desmesurado de la fuerza en las distintas manifestaciones que se han producido a lo largo y ancho de la geografía española.

Así pues, nos encontramos ante la pretensión del gobierno de Mariano Rajoy, lleno de hijos y nietos de políticos franquistas, de acallar cualquier intento de protesta social. Y, está claro, que estas medidas serán aprobadas gracias a su mayoría absoluta, herramienta de la que se llevan sirviendo toda la legislatura para gobernar a golpe de decreto (no deja de ser curioso que eso mismo sea criticado en países como Venezuela). Saben que la respuesta en la calle va a ser dura. Lo realmente inquietante es ir más allá y empezar a pensar en qué medidas tendrán guardadas en el tintero para tratar de silenciar la voz de la ciudadanía ahora precisamente, cuando la protesta social no se encuentra en su nivel más alto. Porque lo que hay que tener claro es que don Mariano & Co. No van a parar en su afán de desmantelar el estado del bienestar, pero más allá, de desmantelar la propia democracia, esa que tanto han criticado en su juventud, pero de la que se sirven ya en la madurez para vivir a cuerpo de rey, dar trabajo a sus acólitos y asegurarse la jubilación.

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde todos los estamentos, el policial, el político, el social y judicial, se han producido reacciones en contra de esta reforma, a la que, en líneas generales, se califica de censora, represiva, en contra de la misma esencia de la democracia. Y es la reacción lógica de un país, de una ciudadanía, que viene viendo día a día, como se les recortan derechos que, por otro lado, hemos (y me incluyo), cometido el error de dar por sentado. Porque, cuando ya te quitan hasta el recurso del pataleo, la capacidad o posibilidad de expresar contrariedad o discrepancia con la clase dirigente, se traspasa una raya roja, que, por otro lado, está garantizada en nuestra Constitución, la que nos hemos dado entre todos para beneficiar a unos pocos, demostrando así, una vez más, como la Carta Magna queda en mero papel mojado cuando los dirigentes así lo quieren.

Dentro de todo este tema, que es muy grave, siempre hay algo de espacio para el despropósito. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana prevée sanciones contra los que maltraten animales en espectáculos públicos. Esta ley la hace el mismo gobierno que quiere declarar los toros bien de interés cultural. Esta es la calidad de los que nos gobiernan. Qué penita.

PROPAGANDA

Principio de orquestación.
La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: "Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad".

Recientemente, desde diversos estamentos del estado del gobierno, en distintos medios de comunicación, se ha empezado a lanzar el mensaje de que la recuperación económica es inminente, que hemos tocado fondo y que atisbamos la salida de la crisis. Tal derroche de optimismo, falso como pocas falsedades que venimos aguantando desde que Mariano y su panda llegaron a la Moncloa mediante un escandaloso fraude electoral, sólo es entendible si se tiene en cuenta un factor determinante. Y este es que vienen dos años, 2014 y 2015, con sendas citas electorales en el horizonte. Valga el encabezamiento de este artículo, cogido de los 11 principios de la propaganda de Göebbels, para empezar a atar cabos.

La salida de la crisis no está ni mucho menos cercana. Pero no de la crisis económica, que de esa saldremos algún día, algunos con unos cuantos millones más en sus opacas cuentas de los distintos paraísos fiscales de este mundo. De la que no parece que vayamos a salir es de la crisis moral y ética que sufre la clase política de este país. Es esa crisis la que está hundiendo la vida de miles de ciudadanos a lo largo y ancho de nuestra geografía. Si no, ¿qué moralidad y qué ética puede tener una ministra de Sanidad que deja fuera de la sanidad pública a los inmigrantes sin papeles? ¿Qué moralidad y qué ética puede tener una Ministra de Empleo que, aparte de no haber trabajado en su vida, redacta una ley laboral que deja indefensos a los trabajadores y trabajadoras de este país? ¿Qué moralidad y qué ética puede tener un Presidente del Gobierno que ha incumplido todas y cada una de las promesas electorales que hizo en campaña y, en base a las cuales, llegó a la presidencia? La respuesta es sencilla. Ningunas.

En dos años de gobierno popular hemos retrocedido muchos más en derechos sociales y laborales. Hemos visto como el estado del bienestar se ha dinamitado para pagar los desmanes y la clarividencia de las entidades financieras, endeudadas hasta la médula por alimentar a la bestia del ladrillo, que ha fagocitado toda la riqueza de este país. Hemos visto, en nombre de la crisis económica, como se han tomado medidas antisociales que, desde luego, nada tenían que ver con la salida de la crisis. Si no, que alguien nos explique que relación tiene con la recuperación económica el restringir (aún más) el derecho al aborto. O el ofertar religión en Bachillerato y Educación Infantil. O... Es decir, la crisis ha servido de coartada para que puedan llevar a cabo medidas ideológicas, de esa ideología rancia y casposa, heredada del régimen del Generalísimo, cuyos herederos copan a fecha de hoy la política nacional, autonómica y municipal.

Pero no pasa nada, porque según el gobierno de este país, hemos tocado fondo y hemos emprendido ya la senda de la recuperación económica. Pues que les pregunten a la plantilla de Panrico si hemos tocado fondo, dado que se van a quedar sin trabajo por los altos sueldos y las pésimas gestiones de los directivos de la empresa. O a los trabajadores de Pescanova. O a los seis mineros "privilegiados" que han muerto ayer lunes en León. O a Amaya, despedida por Konecta el mismo día de su desahucio.

Esperemos que la mentira no cale en las mentes de los votantes de cara a las próximas citas electorales. Echemos del poder a los que gobiernan para casi nadie, démosles en la cara con las armas que dicen defender, es decir, los votos, la voz popular, y la democracia.

NUEVAS GENERACIONES, VIEJAS DEGENERACIONES

La polémica ha saltado en este mes de agosto, tradicionalmente apacible y falto de noticias para la vida política, cuando han sido varios vástagos y cachorros de la cantera popular los que han posado, sin vergüenza ni arrobo en actitudes propias del viejo régimen franquista. Tras la indignación inicial (sorpresa no, porque, viendo al primer equipo, no extraña que la cantera use las mismas tácticas en el terreno de juego, usando el símil balompedístico). Dudas que no son tal, realmente, porque a nadie debería sorprenderle este comportamiento entre las juventudes de un partido que todavía a fecha de hoy no ha tenido el cuajo y la vergüenza de condenar la dictadura franquista, que tanto costó a este país, en términos de vidas humanas, derechos sociales y mentalidades ante la vida y sus vicisitudes.

El problema no radica tanto en que la cachorrada popular jalee y defienda un régimen claramente anticonstitucional y antidemocrático como el vivido en España durante cuarenta años. Lo preocupante es que sus mayores, esos que se han puesto el disfraz de demócratas para poder seguir viviendo de la sopa boba del estado no les afeen la conducta, llegando a decir la presidenta nacional de NNGG que todo este ruido mediático se trata de una campaña de desprestigio contra ellos. Y se queda tan ancha.

Lo que es un desprestigio, para un (supuesto) estado de derecho y una democracia como la española es que algunos de los integrantes de un partido político, el que está en el poder en este momento, para más injundia, muestren sin pudor ni tapujos ideologías que no tienen, o no deberían tener cabida en estos tiempos.         Desgraciadamente, el problema de raíz radica en que, aunque en público el Partido Popular condena estas actitudes (y lo hace con la boca pequeña), en la intimidad de sus domicilios y sus despachos la apoyan, justifican y promueven.

Son los herederos de los políticos de aquellos tiempos los que hoy copan el gobierno y la vida política de este país. Y lo hacen en un alambre fino, con el barniz de demócratas pero tratando de no defraudar al sector ultra de sus votantes, tratando de preservar los votos de los pudrideros de la extrema derecha. Delicada es la situación de esta gentuza, pues es difícil ser un facha disfrazado de demócrata disfrazado de facha disfrazado de demócrata... y así hasta el hartazgo.

Mucho tienen que cambiar las cosas en este país. La extrema derecha todavía campa con impunidad, avalada por la permisividad de gran parte del espectro político, que ve con buenos ojos, aunque siempre en la intimidad, la labor ideológica de sus cachorros. Esperemos que no haya que lamentar lo que esta permisividad suele traer.

SEPTIEMBRE CALIENTE

Con el mes de agosto parece que toda la ponzoña institucional queda aplazada hasta el comienzo del nuevo curso político, que dará su pistoletazo de salida con el PP, con don Mariano al frente, inmerso en una serie de frentes que, esperemos, le pasen factura política.
Este mes de agosto la política nacional ha saltado a la primera plana de la actualidad por la pantomima 
y el esperpento que se han organizado con el siempre útil y recurrente tema de Gibraltar, cuando el gobierno de turno se encuentra en apuros. Resulta ya agotador darse cuenta de que los dirigentes políticos de este país la ciudadanía es una patulea descerebrada, que, voluntaria o involuntariamente, al serel introducida en su cerebro una idea, desecha sin problemas las anteriores. Esta visión del pueblo resulta hasta insultante. Y no sería un problema si no fuese porque alguna razón tendrán para seguir usando estas tácticas de control mental. Y esa razón no es otra que, por desgracia, funciona. Enorme es la masa social que está en este momento afilando los sables para un eventual conflicto armado con la Pérfida Albión, en aras de la unidad e integridad territorial española.
Pero, por mucho que mareen la perdiz con estos asuntos, para mí y muchos, menores, es cierto que, a 
la vuelta de las vacaciones, don Mariano no es que vaya a tener varios frentes abiertos, es que van a ser los mismos que antes del verano. El Gran Mentiroso tiene firmemente arraigada la idea (que ha marcado toda su carrera política en los últimos años) de que la inacción hará que los problemas, por sí solos desaparezcan. Así es como ha llegó a la secretaría general del partido y así es como ganó las elecciones generales, más por demérito del Partido Socialista Obrero Español que por méritos de su formación. Con eso y una campaña electoral llena de falsas intenciones y buenas palabras, conquistó la Moncloa, sabiendo en su fuero interno, seguramente, que todo lo que había prometido se lo llevaría el viento.
Todo el mundo ha comprobado el signo ultraliberal de las políticas sociales y laborales de nuestro actual gobierno. A lo que sí se asiste incrédulo (aunque no entiendo el por qué de esa incredulidad) es al mayor caso de latrocinio instiucionalizado de la historia de España, en el que parecen estar salpicados varios miembros no sólo del partido en el gobierno, sino del propio gobierno. Muchos son los sorprendidos por estos presuntos hechos. Pero otros muchos no, porque sabemos que la corrupción y el expolio del dinero público y las prácticas deshonestas con fines lucrativos van en el ADN del político medio español.
Septiembre se presenta movido para don Mariano y su gabinete, pero las esperanzas que muchos tenemos depositadas en la actuación de la justicia, "independiente" ésta como es del poder político, son pocas o nulas. La justicia en este país se ha preocupado muy mucho de dejar claro que, por más que su majestad lo proclame, no es igual para todos. Desde luego, para los que la manejan, dirigen y utilizan para sus fines, suele ser más laxa, tiene más manga ancha. Es por ello que Mariano no debe de andar muy preocupado. Desde luego, si el juez que me investiga, da cinco días para entregar los ordenadores, ni se me pasa por la cabeza que ordene un registro en la sede del partido. Estupor causa que les otorgue a los sospechosos casi una semana, imagino que podemos confiar en su buena fe, con respecto a la destrucción de pruebas.
Por otro lado, la patronal parece que viene con fuerza y con las pilas cargadas después del parón estival, con sus novedosas medidas de toda la vida, que serán más flexibilidad laboral, aunque no especifican qué hay que flexibilizar. Imagino que serán las carnes macilentas de los trabajadores, sus horas de trabajo y sus sueldos. En fin, innovaciones revolucionarias para recuperar la maltrecha economía patria.
Así pues, parece que septiembre se presenta mal para el gobierno, aunque, siendo España un país como es, con su particular idiosincrasia, yo no me preocuparía si fuese él.

PaiSSajes II

                                  - Arbolado

                                  - Energía limpia

                                    - Denver, el monstruo de tiempos remotos

                                           - Urbanismo

                                    - Equipamiento de salvamento

                                              - Lepórido de limpieza

                                    - Parabólica con señal mejorada

                                  - Patrocinio de nichos

                               - Plan E, siempre mejorando las carreteras

                                    

                                     - Innovar o morir

                                   - Nuestro futuro

                                     - Víctima

Skuldd

CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

Cuando la corrupción se instala en la vida política, es un problema muy grave, pero que se puede atajar. El problema es cuando esa corrupción se institucionaliza, haciendo que la población la asocie directamente con la clase dirigente, como práctica habitual y parte fundamental de la idiosincrasia de la casta política, la práctica de ésta pasa a producir resignación, en vez de lo que no se debería permitir.
El escándalo de los sobresueldos cobrados durante los últimos veinte años por altos cargos del Partido Popular es sólo el último que ha saltado a la palestra, pero ni es el último ni lo será. Cada día se descubre un nuevo caso de corrupción política, en uno de los pocos ejercicios realmente democráticos de este país, en el que todos los partidos tienen algún militante imputado en alguna causa. Sí es más significativo, sin embargo, la actitud del Partido Popular. Ésta no es otra que la negación absoluta de todos los hechos que se les atribuyen (como era de esperar), e incluso una imagen de que esto no va con ellos y que no les preocupa. Y esto es cierto. No les preocupa porque desde hace años, en este país, la corrupción política no pasa factura. Esto es por la siempre mencionada pero nunca ejercida separación de poderes, que en España es una falacia descomunal. No es ningún misterio que el poder judicial muchas veces no sirve a ningún interés que no sea el político, siendo esta práctica uno de los mayores cánceres y despropósitos de nuestra pseudodemocracia, pues pocas cosas hay más antidemocráticas que un sistema judicial que da impunidad a la clase política en sus desmanes y prácticas ilícitas.
Estos dias ha salido a la luz la contabilidad privada de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP, en el ojo del huracán desde que estalló el escándalo del pago de sobresueldos en dinero negro, de ese sin tributar, que han estado percibiendo altísimos cargos del partido desde hace veinte años. Esta información, publicada por El País, no deja lugar a dudas de las donaciones de potentes empresas de la construcción durante los años de explendor, que diría la Real Academia de la Lengua, de la nefasta burbuja inmobiliaria, entre otros. Y, desde luego, deja constancia de los sobresueldos cobrados por altos y altísimos cargos del partido, llegando hasta el mismísimo Mariano Rajoy. Es llamativo el dato de que el setenta por ciento de esos pagos de empresas incumple la legalidad, al ser superiores a 60.000,00€ o proceder de empresas en concurso público.
En un momento en que el común de la ciudadanía lo pasa cada vez mal, en que ve que sus derechos son cada vez más exiguos, en que la calidad de vida disminuye a pasos agigantados, produce auténtica y genuina indignación ver cómo estos insignes miembros de la casta de intocables se lo han estado, hablando vulgarmente, llevando calentito, sin tributar, directamente al bolsillo. Es indignante, pero también produce vergüenza. Produce vergüenza oír constantemente que las manifestaciones y las huelgas dan mala imagen de España en el exterior, pero no abren la boca cuando medios tan renombrados e influyentes como "The Guardian", "Financial Times" o "Le Monde" se han hecho eco de este escándalo. Parece ser que da peor imagen el ejercer un derecho que el incumplir la ley.
¿Y el presidente, don Mariano? Pues, como dijo aquél, ni está ni se le espera. Se sabe que el PP ha convocado para mañana una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo, pero, hasta la fecha, el Presidente, lo único que ha hecho, como siempre, es mandar a los subalternos a dar la cara por un problema en el que está también metido, dejando clara una vez más que su táctica para solucionar los problemas es no enfrentarse a ellos.
Si este gobierno tuviese un mínimo de dignidad y vergüenza, presentarían su dimisión y convocarían elecciones anticipadas, por varios motivos. El primero, es el apoyo que mes a mes pierden, según las encuestas que distintos medios publican, dejando patente que la ciudadanía no está dispuesta a tragar con un gobierno que recorta en calidad de vida y derechos, pero que, sobre todo, ha llegado al poder con un programa electoral que han incumplido en su totalidad. El otro motivo es porque la sombra de sospecha y culpabilidad que se cierne sobre ellos es demasiado importante como para que den ninguna confianza dentro y fuera de nuestras fronteras. La presunción de inocencia la considero sagrada en el sistema judicial español, pero a un dirigente político se le tiene que pedir una cierta ejemplaridad que estos ¿políticos? no están cumpliendo. Sólo queda desear que el caso no caiga en manos de un juez amigo, que archive la causa por un defecto de forma, como ya ha pasado alguna vez en el pasado.

OTRO PASITO MÁS

Atónito me he quedado cuando, buceando en ese pozo de desazón y malas noticias que es la prensa digital, leo que el insigne Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, pretende reformar el artículo 318 bis del Código Penal, estableciendo penas de hasta dos años de cárcel para quien colabore con inmigrantes en situación administrativa irregular, prestándoles incluso ayuda humanitaria. Es decir, que el que acoja, alimente o ayude de cualquier manera a un inmigrante sin papeles, podrá dar con sus huesos en la cárcel.
El artículo 318 bis del Anteproyecto de Reforma dice literalmente "el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años".
Realmente no hay varias lecturas que se puedan hacer de este hecho. Sólo hay una. El gobierno, nuestro gobierno, cuya una de sus más importantes fuentes de votos son los pudrideros de la extrema derecha, heredera del Franquismo más rancio, dictatorial y autoritario, contenta así a esa masa de votantes escorados a la diestra, que clama desde hace años por la expulsión de inmigrantes, ya sean legales o no, de nuestra amada patria, de los que carecen de recursos económicos y no están aquí para entretenimiento y deleite de la masa, véase, extranjeros sin dinero, muy distintos de los astros balompédicos, estrellas de la ¿música? y demás foráneos dedicados a actividades más o menos lucrativas.
El primer paso lo dio el gobierno mediante el Ministerio de Sanidad, cuya cartera ostenta la inefable Ana Mato, capaz de tener un Jaguar en su garaje sin saberlo y la del analfabetismo de los andaluces, prohibiendo mediante Real Decreto la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles. La nueva medida que Gallardón y el PP pretenden sacar adelante, si la sensatez, la humanidad y el Derecho no lo remedian, es otro paso en la estrategia del PP de criminalizar, por un lado, la inmigración, dejando de lado el hecho de que los inmigrantes lo son por necesidad y, por otro, criminalizar, directamente, la pobreza.
El PP es un partido que nunca ha engañado a nadie. Todos sabemos a qué intereses y a qué sectores sociales pretende servir. El problema es que la senda que ha es peligrosa. Véase Grecia, en la que un partido de corte nacional socialista y xenófobo (nazi, para abreviar), se ha convertido en la cuarta fuerza política del país, obteniendo los votos de esa masa social descontenta en el contexto de crisis económica que se sufre a nivel global, haciendo del inmigrante uno de los (falsos) culpables de la situación. Esto empieza a recordar a Alemania en 1933. 
Está claro que el Partido Popular ha de tomar medidas de gracia con su electorado más fiel, ese que añora los años del Franquismo y del Nacionalcatolicismo, ese que pretende creer que la culpa de la situación es de los más desfavorecidos, de los más vulnerables y de los más necesitados. La senda emprendida es, como ya he dicho, peligrosa, porque el gobierno está tratando de introducir en la delincuencia cuestiones sociales.

Bleek