Atónito me he quedado cuando, buceando en ese pozo de desazón y malas noticias que es la prensa digital, leo que el insigne Ministro de Justicia, don Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, pretende reformar el artículo 318 bis del Código Penal, estableciendo penas de hasta dos años de cárcel para quien colabore con inmigrantes en situación administrativa irregular, prestándoles incluso ayuda humanitaria. Es decir, que el que acoja, alimente o ayude de cualquier manera a un inmigrante sin papeles, podrá dar con sus huesos en la cárcel.
El artículo 318 bis del Anteproyecto de Reforma dice literalmente "el que intencionadamente ayude a una persona que no sea nacional de un Estado Miembro de la Unión Europea a entrar en el territorio de otro Estado miembro o a transitar a través del mismo, vulnerando la legislación de dicho Estado sobre la entrada o tránsito de extranjeros, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de seis meses a dos años".
Realmente no hay varias lecturas que se puedan hacer de este hecho. Sólo hay una. El gobierno, nuestro gobierno, cuya una de sus más importantes fuentes de votos son los pudrideros de la extrema derecha, heredera del Franquismo más rancio, dictatorial y autoritario, contenta así a esa masa de votantes escorados a la diestra, que clama desde hace años por la expulsión de inmigrantes, ya sean legales o no, de nuestra amada patria, de los que carecen de recursos económicos y no están aquí para entretenimiento y deleite de la masa, véase, extranjeros sin dinero, muy distintos de los astros balompédicos, estrellas de la ¿música? y demás foráneos dedicados a actividades más o menos lucrativas.
El primer paso lo dio el gobierno mediante el Ministerio de Sanidad, cuya cartera ostenta la inefable Ana Mato, capaz de tener un Jaguar en su garaje sin saberlo y la del analfabetismo de los andaluces, prohibiendo mediante Real Decreto la atención sanitaria a inmigrantes sin papeles. La nueva medida que Gallardón y el PP pretenden sacar adelante, si la sensatez, la humanidad y el Derecho no lo remedian, es otro paso en la estrategia del PP de criminalizar, por un lado, la inmigración, dejando de lado el hecho de que los inmigrantes lo son por necesidad y, por otro, criminalizar, directamente, la pobreza.
El PP es un partido que nunca ha engañado a nadie. Todos sabemos a qué intereses y a qué sectores sociales pretende servir. El problema es que la senda que ha es peligrosa. Véase Grecia, en la que un partido de corte nacional socialista y xenófobo (nazi, para abreviar), se ha convertido en la cuarta fuerza política del país, obteniendo los votos de esa masa social descontenta en el contexto de crisis económica que se sufre a nivel global, haciendo del inmigrante uno de los (falsos) culpables de la situación. Esto empieza a recordar a Alemania en 1933.
Está claro que el Partido Popular ha de tomar medidas de gracia con su electorado más fiel, ese que añora los años del Franquismo y del Nacionalcatolicismo, ese que pretende creer que la culpa de la situación es de los más desfavorecidos, de los más vulnerables y de los más necesitados. La senda emprendida es, como ya he dicho, peligrosa, porque el gobierno está tratando de introducir en la delincuencia cuestiones sociales.
Bleek
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