CORRUPCIÓN INSTITUCIONALIZADA

Cuando la corrupción se instala en la vida política, es un problema muy grave, pero que se puede atajar. El problema es cuando esa corrupción se institucionaliza, haciendo que la población la asocie directamente con la clase dirigente, como práctica habitual y parte fundamental de la idiosincrasia de la casta política, la práctica de ésta pasa a producir resignación, en vez de lo que no se debería permitir.
El escándalo de los sobresueldos cobrados durante los últimos veinte años por altos cargos del Partido Popular es sólo el último que ha saltado a la palestra, pero ni es el último ni lo será. Cada día se descubre un nuevo caso de corrupción política, en uno de los pocos ejercicios realmente democráticos de este país, en el que todos los partidos tienen algún militante imputado en alguna causa. Sí es más significativo, sin embargo, la actitud del Partido Popular. Ésta no es otra que la negación absoluta de todos los hechos que se les atribuyen (como era de esperar), e incluso una imagen de que esto no va con ellos y que no les preocupa. Y esto es cierto. No les preocupa porque desde hace años, en este país, la corrupción política no pasa factura. Esto es por la siempre mencionada pero nunca ejercida separación de poderes, que en España es una falacia descomunal. No es ningún misterio que el poder judicial muchas veces no sirve a ningún interés que no sea el político, siendo esta práctica uno de los mayores cánceres y despropósitos de nuestra pseudodemocracia, pues pocas cosas hay más antidemocráticas que un sistema judicial que da impunidad a la clase política en sus desmanes y prácticas ilícitas.
Estos dias ha salido a la luz la contabilidad privada de Luis Bárcenas, ex-tesorero del PP, en el ojo del huracán desde que estalló el escándalo del pago de sobresueldos en dinero negro, de ese sin tributar, que han estado percibiendo altísimos cargos del partido desde hace veinte años. Esta información, publicada por El País, no deja lugar a dudas de las donaciones de potentes empresas de la construcción durante los años de explendor, que diría la Real Academia de la Lengua, de la nefasta burbuja inmobiliaria, entre otros. Y, desde luego, deja constancia de los sobresueldos cobrados por altos y altísimos cargos del partido, llegando hasta el mismísimo Mariano Rajoy. Es llamativo el dato de que el setenta por ciento de esos pagos de empresas incumple la legalidad, al ser superiores a 60.000,00€ o proceder de empresas en concurso público.
En un momento en que el común de la ciudadanía lo pasa cada vez mal, en que ve que sus derechos son cada vez más exiguos, en que la calidad de vida disminuye a pasos agigantados, produce auténtica y genuina indignación ver cómo estos insignes miembros de la casta de intocables se lo han estado, hablando vulgarmente, llevando calentito, sin tributar, directamente al bolsillo. Es indignante, pero también produce vergüenza. Produce vergüenza oír constantemente que las manifestaciones y las huelgas dan mala imagen de España en el exterior, pero no abren la boca cuando medios tan renombrados e influyentes como "The Guardian", "Financial Times" o "Le Monde" se han hecho eco de este escándalo. Parece ser que da peor imagen el ejercer un derecho que el incumplir la ley.
¿Y el presidente, don Mariano? Pues, como dijo aquél, ni está ni se le espera. Se sabe que el PP ha convocado para mañana una reunión de urgencia del Comité Ejecutivo, pero, hasta la fecha, el Presidente, lo único que ha hecho, como siempre, es mandar a los subalternos a dar la cara por un problema en el que está también metido, dejando clara una vez más que su táctica para solucionar los problemas es no enfrentarse a ellos.
Si este gobierno tuviese un mínimo de dignidad y vergüenza, presentarían su dimisión y convocarían elecciones anticipadas, por varios motivos. El primero, es el apoyo que mes a mes pierden, según las encuestas que distintos medios publican, dejando patente que la ciudadanía no está dispuesta a tragar con un gobierno que recorta en calidad de vida y derechos, pero que, sobre todo, ha llegado al poder con un programa electoral que han incumplido en su totalidad. El otro motivo es porque la sombra de sospecha y culpabilidad que se cierne sobre ellos es demasiado importante como para que den ninguna confianza dentro y fuera de nuestras fronteras. La presunción de inocencia la considero sagrada en el sistema judicial español, pero a un dirigente político se le tiene que pedir una cierta ejemplaridad que estos ¿políticos? no están cumpliendo. Sólo queda desear que el caso no caiga en manos de un juez amigo, que archive la causa por un defecto de forma, como ya ha pasado alguna vez en el pasado.