Hoy
miércoles 20 de noviembre se va a debatir en la Comisión de
Secretarios de Estado y Subsecretarios el borrador de la nueva Ley de
Seguridad Ciudadana, que, entre otras cosas, estipula castigos de
tipo administrativo para quienes paricipen en un escrache, se
manifiesten sin permiso ante el Congreso, quemen contenedores,
insulten a un policía y hagan tratos con prostitutas en espacios
públicos próximos a colegios, además de otras medidas. Podríamos
indicar los puntos que llaman la atención de esta nueva ley, el
problema es que no hay por donde cogerla.
El
primer punto a tener en cuenta, y que ha sido ya criticado, es la
desmesura en las sanciones económicas. Concentrase o reunirse sin
permiso ante Las Cortes será una infracción muy grave castigada con
una sanción de entre 30.001€ y 600.000€, entrando dentro de la
calificación de infracciones muy graves. Así, protestas como la de
"Rodea el Congreso" entrarían dentro de esta categoría,
aún sin estar sus señorías presentes en la cámara.
No
hay duda de que los reveses judiciales ante sus pretensiones, las de
criminalizar la protesta social, les han llevado a este punto. Los
intentos de asociar la protesta social de colectivos como el 15-M, la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, o de cualquier ciudadano
anónimo de a pie, con el terrorismo o, en el colmo de la podredumbre
moral, con el nazismo, no han calado ni en la opinión pública ni en
la judicatura, únicamente surtiendo efecto en algunas mentes débiles
de los sectores más ciegos de seguidores del PP. Visto esto, ya se
encargan de criminalizarla ellos, con esta batería de reformas
legales, que nos retrotraen a los tiempos más oscuros y represivos
de la dictadura franquista, esas que critican con la boca muy pequeña
(y no todos), pero que añoran de todo corazón.
Otro
punto polémico es la prohibición de difundir imágenes de la
policía que supongan "mofa para ellos o algún riesgo para la
seguridad. Quedará también prohibido proferir amenazas, insultos,
coacciones, injurias y vejaciones hacia los agentes de la policía o
la Guardia Civil. La idea que subyace, sin embargo, detrás de esta
normativa, es que no se puedan difundir imágenes como las que se han
visto una y mil veces en los dos últimos años, las de los
antidisturbios haciendo uso y abuso desmesurado de la fuerza en las
distintas manifestaciones que se han producido a lo largo y ancho de
la geografía española.
Así
pues, nos encontramos ante la pretensión del gobierno de Mariano
Rajoy, lleno de hijos y nietos de políticos franquistas, de acallar
cualquier intento de protesta social. Y, está claro, que estas
medidas serán aprobadas gracias a su mayoría absoluta, herramienta
de la que se llevan sirviendo toda la legislatura para gobernar a
golpe de decreto (no deja de ser curioso que eso mismo sea criticado
en países como Venezuela). Saben que la respuesta en la calle va a
ser dura. Lo realmente inquietante es ir más allá y empezar a
pensar en qué medidas tendrán guardadas en el tintero para tratar
de silenciar la voz de la ciudadanía ahora precisamente, cuando la
protesta social no se encuentra en su nivel más alto. Porque lo que
hay que tener claro es que don Mariano & Co. No van a parar en su
afán de desmantelar el estado del bienestar, pero más allá, de
desmantelar la propia democracia, esa que tanto han criticado en su
juventud, pero de la que se sirven ya en la madurez para vivir a
cuerpo de rey, dar trabajo a sus acólitos y asegurarse la
jubilación.
Las
reacciones no se han hecho esperar. Desde todos los estamentos, el
policial, el político, el social y judicial, se han producido
reacciones en contra de esta reforma, a la que, en líneas generales,
se califica de censora, represiva, en contra de la misma esencia de
la democracia. Y es la reacción lógica de un país, de una
ciudadanía, que viene viendo día a día, como se les recortan
derechos que, por otro lado, hemos (y me incluyo), cometido el error
de dar por sentado. Porque, cuando ya te quitan hasta el recurso del
pataleo, la capacidad o posibilidad de expresar contrariedad o
discrepancia con la clase dirigente, se traspasa una raya roja, que,
por otro lado, está garantizada en nuestra Constitución, la que nos
hemos dado entre todos para beneficiar a unos pocos, demostrando así,
una vez más, como la Carta Magna queda en mero papel mojado cuando
los dirigentes así lo quieren.
Dentro
de todo este tema, que es muy grave, siempre hay algo de espacio para
el despropósito. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana prevée
sanciones contra los que maltraten animales en espectáculos
públicos. Esta ley la hace el mismo gobierno que quiere declarar los
toros bien de interés cultural. Esta es la calidad de los que nos
gobiernan. Qué penita.
